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Historias del Nacionalismo


Introducción


En el siguiente artículo trataré el candente tema del nacionalismo, que tan de moda se ha puesto en España en los últimos tiempos. He estructurado la redacción en dos partes, en las que analizaré los dos principales argumentos propuestos por los que defienden estas ideas, el argumento de la nación cultural, y el argumento de la nación como voluntad popular, para averiguar si son sostenibles o justificables, y si lo son, hasta qué punto. El objetivo es generar un debate abierto sobre el tema, y estaré encantado de incorporar argumentos o contra-argumentos que otras personas propongan, ya sea a través de este foro o por cualquier otro medio.


Cuando presenté el borrador de este artículo a un par de amigos para que lo revisaran y dieran su opinión, estos me expresaron su sorpresa porque abordara también el argumento de la nación como entidad cultural. Alegaban que ese argumento es poco sostenible de por sí, y que poca gente, sino ninguna, lo defiende hoy en día, o al menos no como único argumento, sino que más bien lo combinan con el segundo. Yo, en mi humilde opinión, creo que tienen razón, pero me pareció oportuno tratarlo por las siguientes razones: 1) para que el artículo tratara de un modo integral y desde todos los posibles enfoques el nacionalismo, y 2) porque Al hablar de la nación como voluntad popular, me di cuenta de que la argumentación llevaba muchas veces al debate de la nación como ente cultural, por lo que la discusión sobre la nación como voluntad popular no quedaría completa sin tratar la primera.


Por ello, yo sugeriría, para ahorrar tiempo y esfuerzo, que  solo se empezara el artículo en la argumentación sobre la voluntad popular  y solo en caso de que se defienda también la nación como ente cultural o que en el desarrollo de la discusión sobre la voluntad popular se caiga en la cuenta de que también se defiende la nación como cultura, o bien se quiera profundizar más en este aspecto, se lea la primera parte.


El Argumento de la Nación cultural


Para aclarar los términos y no llevar a confusiones, debo aclarar que yo entiendo por este argumento aquel que propugna la existencia de una “nación” separada, con una cultura, creencias, tradiciones y folclore propias, así como, generalmente (aunque no necesariamente), una lengua común diferente. La existencia de esta cultura diferente justificaría la necesidad de la separación, bien por sí sola, bien por la supuesta o real opresión a la que es sometida por la cultura o nación dominante, que impide su correcto desarrollo.


Como ya he anticipado en la introducción, a mucha gente este argumento para la independencia le resultará un tanto pasado de moda o anticuado, pero creo que ha de tratarse y debatirse, porque muchos nacionalistas acaban apelando en mayor o menor medida a la existencia de una cultura separada. De hecho, me atrevería a decir que esa es la norma en los nacionalismos europeos, que son los aquellos con los que estoy más familiarizado.


Bien, pasemos a analizar esta proposición. Supuestamente, existe una cultura diferente, un conjunto de creencias y valores compartidos. A mí me parece una idea muy difícil de justificar  por las fuertes asunciones de las que parte: en efecto, implica afirmar que todos los pertenecientes de la nacionalidad X comparten un mismo sistema de creencias, y más aún, que ese sistema que comparten es más fuerte que el que comparten con cualquier otro tipo de personas o grupos (porque si no, lo que procedería es unirse con ese otro grupo).


Personalmente, creo que esa proposición va contra la evidencia empírica. Partiendo de un ejemplo hipotético, el nacionalismo asturiano: esta afirmación supone sostener que una persona de Vegadeo (extremo occidental de Asturias) comparte más con una de Llanes (zona oriental, ya cerca de Cantabria, a  decenas de kilómetros) que con una de Ribadeo (justo al otro lado del río Eo, a menos de un kilómetro pero ya en Galicia.

Generalizando el argumento del ejemplo, la  entidad cultural a la que alude el nacionalismo se difumina si miras a los extremos de ese territorio. Los de un extremo se parecerán más a los que están a su lado pero ya fuera del territorio, que a los del otro extremo. En nacionalismos con lengua propia, esto incluso se refleja en las lenguas. Por ejemplo, las variantes del euskera de un extremo son difícilmente comprensibles para las del otro. Las variantes del asturiano cercanas a Galicia son comprensibles para los gallegos, y hasta se discute si son variantes del gallego o tienen personalidad propia, mientras que las de oriente están más bien castellanizadas. El nivel de comprensión entre las variantes orientales y occidentales es a su vez más bajo que el que habría entre el asturiano cercano a Galicia y el gallego.


Por lo tanto, el mismo argumento que justifica un nacionalismo en un cierto territorio también serviría para justificar que ese territorio se partiera en dos y una mitad se juntara con los que antes quedaban excluidos por un lado, y la otra con los del otro. En mi sencillo ejemplo, el mismo argumento que reivindica el nacionalismo asturiano serviría para unir la mitad de Asturias con Galicia y la mitad  con Castilla (de hecho, me consta que ciertos sectores nacionalistas de Galicia pretenden anexionar la región entre el Eo y el Navia en Asturias a Galicia).


El problema es que no acaba ahí, sino que también serviría para unir la mitad de Galicia con Portugal (y de hecho existe entre los hablantes de gallego una corriente minoritaria que considera el gallego como variante del Portugués y no como lengua propia, y ofrece unas normas ortograficas “lusificadas” alternativas para este, lo cual va en la línea de lo que indico) y la otra con la mitad de Asturias que se une a Galicia y así sucesivamente. Más aún, llevando el argumento al absurdo, no hay por qué partir cada “nación” en dos, podríamos partirlo en mucho más, al final, serviría para justificar que cada pueblo, región,  valle etc. con características mínimamente diferentes se separara.


Un segundo argumento en contra de la justificación del nacionalismo apelando a la nación es el siguiente: el hecho de que exista una nación cultural no implica necesariamente que haya que crear su propio Estado. Nación y Estado son dos realidades distintas que no llevan necesariamente de una a otra. El propio nacionalismo suele apelar al pasado anterior al siglo XIX, cuando el concepto de nación no existía, y menos el de nación-Estado. Por lo tanto, apelan a un pasado en el que los Estados no se formaban por una sola nación, sino por varias, lo que les  lleva, o bien incurriendo en una incoherencia, o bien a admitir implícitamente que el Estado no se ha de formar por una sola nación, lo que dejaría sin fundamento reivindicar un Estado propio basándose solo en la idea de nación. De hecho, si se ve desde una perspectiva tanto histórica, el número de Estados constituidos por una nación respecto del total de Estados que han existido es sin duda minoritario.


No obstante, no es necesario buscar en el pasado. Hoy en día hay muchos Estados plurinacionales como Suiza o el Reino Unido, muchos países sudamericanos (que han reconocido a las naciones indígenas), y se podría argumentar que el propio EEUU también (aunque en este último caso han conseguido crear una especie de nacionalismo basado precisamente en la idea de la plurinacionalidad, los orígenes diversos etc.). Por lo tanto, aunque exista esa nación, no es necesario que haya Estado. Me atrevería a afirmar que incluso hoy, el número de Estados-nación sigue siendo inmensamente minoritario.


Por otra parte, crear un Estado supondría asociar la nación a un territorio. Sin embargo, es muy común que una persona que no viva en ese territorio ni haya vivido nunca, pero tenga ascendencia de ese lugar, se sienta como perteneciente a esa nacionalidad. Identificar la nación con un territorio supondría expulsar de la nación a todos aquellos que se encuentren en esa situación. Sin embargo, estas personas que se encontrarían fuera del nuevo estado, aunque reunirían todos los requisitos que los nacionalistas reivindicaron para formar la nación, por lo tanto, ¿No seguirían formando parte de la nación?


El mismo argumento funciona al revés, puesto que has construido tu Estado en torno a la nación (cultura, etc.), habría gente viviendo dentro de ese territorio que no formaría parte de tu nación, por no poseer esa cultura e ideas sobre las que has construido tu Estado. Sin embargo, serían ciudadanos del nuevo Estado, pagarían sus impuestos allí, usarían de sus servicios públicos etc. aunque es imposible afirmar que sean parte de tu nación (tal y como se ha definido, como concepto cultural, con el que se puede estar o no de acuerdo, pero esa es otra historia).


Un ejemplo de esta realidad es el referéndum para la independencia de Escocia, en el que se ha decidido que todos los residentes mayores de 16 años voten. Eso lleva a que 300.000 personas (casi el 10% del censo) puedan votar sin que sean escoceses, y que otras tantas que son escoceses fuera de escocia no puedan votar, según leí recientemente en la prensa.


Resumiendo, tendríamos gente que pertenece a la nación, pero no al Estado, y gente que pertenece al Estado pero no a la nación. Vemos claramente que el Estado y la Nación son dos cosas totalmente separadas, que obedecen a ideas totalmente distintas. El Estado sigue una lógica de territorialidad, mientras que la Nación sigue una de “personalidad” o “sentimiento”.


Es cierto que puedes salir fuera del país y seguir siendo nacional del mismo, pero para ello se te exige haber tenido un vínculo territorial previo con ese Estado, porque si no, jamás habrías obtenido la nacionalidad. En algunos países, basta con que lo hayan tenido tus padres, pero no conozco ninguno en el que basten los abuelos, salvo de manera excepcional  y temporal (como en la Ley de Memoria Histórica hace ya algunos años, donde se acordó que los hijos y nietos de exiliados de la guerra civil podían solicitar la nacionalidad española, pero tenían una fecha límite para ella). Por lo tanto, el vínculo territorial predomina y acaba imponiéndose.


Por lo tanto, Nación y Estado obedecen a dos lógicas distintas, y no se puede saltar (racionalmente) de uno a otro. Construir el Estado a partir de la nación es un absurdo que lleva o bien a identificar la nación con los que viven en ese territorio (porque supone renunciar a la cultura y a la historia en la que has basado tu nación, dado que incluiría como nacionales a gente que no comparte esa cultura e historia y excluiría a otros que sí la comparten), o a negar al Estado su territorialidad (pues el Estado estaría allí donde hubiera un nacional del país), lo cual me parece un absurdo todavía mayor, porque sería un Estado sin territorio, algo más parecido a un gremio, a una asociación cultural, como puede ser el club de amigos del oso pardo cantábrico.


Como colofón a la discusión sobre el argumento de la nación, me gustaría hacer una mención a la extraña tendencia que tienen los nacionalistas que apelan a la nación cultural a distorsionar su propia nación cultural. Me explico: se basan en una realidad distorsionada de su propia cultura, algo que no existe ni nunca existió. Por ejemplo, está ahora en boga el simposio “España contra Cataluña” y parece ser que la Generalitat de Cataluña tiene a 30 individuos registrando el BOE durante los últimos 300 años para realizar una “lista de agravios” de España a Cataluña, pues bien, ¿No es esto promover una visión sesgada de la historia de Cataluña y por lo tanto de su nación? Si solo buscas agravios y no buscas desagravios o ventajas de estar en España, estás negando la mitad de la Historia, ¿Y no es esto en cierto modo negar tu propia cultura al negar tu propia historia? Se da el absurdo de que partiendo de la ensalzación de tu cultura como hecho diferenciador se acaba negando la misma.


El Argumento de la Voluntad Popular


El único argumento que queda para reivindicar el nacionalismo es la voluntad popular, o lo que algunos llaman el  “derecho a decidir”. Esto supone deslindar sus reivindicaciones de cualquier elemento cultural, económico o social común; todo lo que importa es que haya un grupo de individuos que desean conformarse en Estado aunque entre ellos no tengan nada en común.


Un primer ataque contra este argumento sería el siguiente: si lo que importa es la voluntad de las personas, ¿Por qué hay que asociar la voluntad de esas personas a un territorio? Dicho de otro modo, ¿Por qué tienen que ser las personas que viven en un determinado territorio las que han de tener esa voluntad de independencia? ¿No basta que haya personas que quieran, aunque vivan en lugares separados, constituirse en Estado? Sin embargo, los nacionalistas siempre exigen algo más que la voluntad, siempre se asocian a un territorio concreto.


Siguiendo con el mismo argumento, si lo que importa es la voluntad de las personas, ¿Por qué solo se pregunta a una parte de las personas? Me explico: los referenda siempre se desean para los habitantes de territorio concreto, Los vascos, los escoceses, los flamencos… ¿Por qué no se hace en toda España, todo Reino Unido o toda Bélgica? Si lo que importa es la voluntad de la gente, lo óptimo sería que el mayor número de gente expresara su voluntad. Los propios nacionalistas suelen defender esto, y proponen medidas en post de ello, como que voten los mayores de 16 en vez de los mayores de 18, o que se use de base para el censo el padrón municipal en vez del censo electoral (para así incluir a personas que no tienen la nacionalidad pero que viven ahí). A esto no se puede contestar si no es aludiendo de nuevo a la nación como supuesto ente decisor, o a un territorio como unidad administrativa.


Lo primero nos devuelve a la primera parte del artículo para descartarlo. Lo segundo, al menos en el caso español, lleva  a un absurdo todavía más curioso: fue establecida por el Estado en su conjunto (En el caso de España, por Las Cortes allá por 1833, cuando se dividió en provincias España, pues esas provincias fueron las que luego constituyeron las Comunidades Autónomas en 1978 al decidir todos los Españoles en la Constitución de ese año que la provincia sería la base para su formación), luego resulta que los españoles en su conjunto no pueden decidir sobre la independencia, pero sí pueden, y de hecho lo han hecho hace 180 años, decidir sobre quien forma el cuerpo decisor.


Mi pregunta, a raíz este argumento,  es: ¿Si el conjunto de los españoles pudo en su día decidir las unidades decisoras, podemos seguir haciéndolo? ¿Podríamos ahora decidir que los límites de Cataluña son distintos? Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es: ¿Por qué pudimos entonces y ahora no podemos? Vería una clara incoherencia en su discurso, además de que la carga de explicar por qué caería sobre el que alega que no podemos, ya que el precedente es en sentido contrario.


Si la respuesta es sí, habría otra gran incoherencia: el resto del país no puede votar porque no forma parte de la unidad administrativa, pero sí podría decidir cambiar los límites de  la unidad administrativa de forma que esta se ampliara y abarcara a toda la nación, por lo que sí podrían votar. Como vemos, apelar a que solo vota la unidad administrativa X es un oxímoron en sí mismo.


Entonces, la única alternativa es que no es la voluntad popular la que crea los Estados, sino la nación como ente superior, cuya existencia crea las naciones. Queda claro que la voluntad del individuo está relegada a un segundo plano, solo si pertenece a la nación relevante podrá expresar su opinión, y cualquier individuo que no pertenezca a ella no podrá, incluso aunque su voluntad fuera la de unirse a ese país. Por ejemplo, en un hipotético referéndum por la independencia de Cataluña, yo, asturiano-madrileño, no sería preguntado sobre si deseo la existencia del Estado Catalán, ni mucho menos sobre si quiero pertenecer o no a ese nuevo Estado. 


Por cierto, ¿Qué pasaría con la diáspora? También se excluirían a los catalanes que viven fuera del territorio pero que sí pertenecen a la nación, ¿O ellos sí podrían votar, aunque vivieran en Galicia o en otro país? ¿Y qué hay de Baleares, Comunidad Valenciana etc. en el ejemplo catalán? Pues ellos forman parte también de los llamados Països Catalanes, ¿Por qué se excluyen si supuestamente forman parte de la nación?


En resumen, vista tanta arbitrariedad, ¿Quién decide quién es nación y quién no?  ¿El político de turno según sus intereses? La pregunta es retórica. Siguiendo el ejemplo catalán,  como en los Països catalanes se perdería abrumadoramente si hacemos referéndum, hagámoslo solo en Cataluña (y sobre todo, no dividamos Cataluña en provincias no vaya a ser que perdamos en Barcelona, mejor juntar Barcelona con las otras para que así se compensen las unas con las otras y en general ganemos, a esto se le llama Guerrymandering, cortar por donde más interesa.


Acabado este argumento, vamos a suponer ahora que no hay ningún problema conceptual en que esa apelación a la voluntad popular sea territorial. Vamos a obviar los problemas antes expuestos, lo absurdo de vincularlo a un territorio o a una unidad administrativa, a una nación etc. y vamos a suponer que por cualquier circunstancia, “separatistas y unionistas” hemos llegado a un acuerdo sobre quiénes formarán el sujeto decisor y este es claro y definido, sin que nadie pueda objetar ningún tipo de duda u objeción al respecto, como si los últimos párrafos del artículo hubieran sido una oda ensalzando la nación en vez de una crítica a la selección del sujeto decisor. Curiosamente, el asunto seguiría naufragando en un mar de problemas:


En primer lugar, ¿el hecho de que haya una mayoría que lo desea es suficiente para que sea justo? Me parece que no. Veamos, si presuponemos que una persona es racional y por lo tanto vota según lo que le conviene (el hecho de que mucha gente no sepa lo que vota, vota engañada por la prensa etc. es otra historia muy interesante, pero vamos a suponer por ahora que el sujeto decisor, está perfectamente informado y sabe todas las consecuencias de lo que vota y ve todas las ramificaciones de sus decisiones; luego relajaremos esta exigencia). En este caso, votará a favor o en contra según le resulte conveniente o no la independencia. Por ejemplo, como Cataluña es una región rica dentro de España, si se independizara dejaría de contribuir a la solidaridad interregional y por lo tanto tendría más recursos para los catalanes, así que los catalanes deberían votar a favor.


Sin embargo, a la mayoría nos parece justo, creo, que el que más tiene más contribuya a los gastos (el grado de mayor contribución es ya otra historia, si el 30% o el 40%, pero no creo que nadie, como principio general, defienda que el que más tenga pague menos). Si decimos que lo que importa es la voluntad de un colectivo, entonces, el colectivo de ricos podría decidir que no va a pagar más impuestos que los pobres, ¿Cuál sería el problema? Sería un conjunto de sujetos que expresa libremente su voluntad. Sin embargo, ¿Acaso alguien defendería que esta consulta podría llevarse a cabo sin contar en la votación con la opinión de los pobres? Me parece que no.


Bien, esta situación es paralela a la de una región rica que quiera independizarse del resto de su país para no contribuir a la solidaridad. Probablemente, muchos nacionalistas defenderían que la nación puede independizarse, pero no que los ricos puedan dejar de pagar impuestos. ¿Cuál es la diferencia si ambas son voluntades populares que se expresan libremente?


Parece que a pesar de habernos puesto mágicamente de acuerdo en el sujeto decisor, resulta que la voluntad popular libremente expresada no es lo único que importa, hay algo más, porque si no, toda expresión de voluntad de un grupo de personas debería ser sagrada. Ejemplos similares, ¿Podría una mayoría social decidir el exterminio de una parte de ella misma al estilo de la Alemania Nazi? Es un sujeto soberano que expresa su sagrada voluntad, pero pocos lo defenderían, pues no basta que haya un pueblo que quiera algo, se necesita más. ¿Podrían los que tienen seguro privado decidir no pagar gastos sanitarios para sostener la sanidad pública? Parece que habría un sentimiento generalizado en contra. Llevado al absurdo, y puesto que  la definición de grupo es subjetiva, si a mí la ley X no me conviene, decidiría no aplicarla para mi caso, como sujeto independiente y libre, ¿No, verdad?


Visto que no basta la voluntad de un conjunto para que una determinada política se implemente, ¿Qué es ese algo que falta? Probablemente esto dé para otra historia, pero si se apela a la nación o al territorio, pido que se regrese a las respectivas secciones de este artículo donde ya hemos tratado y creo, desmentido, esa posibilidad. Tiene que ser algo distinto, ¿No será acaso que la ley ha de ser justa[1]? Desde luego, esta solución resuelve el problema sin caer en los problemas que antes planteamos. No puede parte de la población decidir exterminar a la otra porque es injusto, ni puede dejar de pagar impuestos porque también es injusto.


Entonces, lo que procede sería ver cuáles son las razones por las que el sujeto decisor desea plantear la independencia, para comprobar si son justas o no. Como ya se ha adelantado, cualquier apelación a que así se deja de contribuir a la solidaridad común o a la posibilidad de autogestionar los recursos para servir a los intereses particulares del territorio en vez de a los intereses generales, no podría justificar la independencia, por ser un argumento que engendra injusticia, al ser justo que los ricos contribuyan más que los pobres, o que las regiones mejor dotadas ayuden a las que no lo son.


En el otro lado de la balanza, ¿Podría un pueblo (recordemos que nos hemos puesto de acuerdo en quién conforma el pueblo, así que no hay problema en ese sentido) decidir independizarse si está siendo notoriamente oprimido, sus recursos explotados injustificada y desproporcionadamente, sometido a genocidio,  excluido de los sistemas de representación popular? Parece que sí, de hecho, ahí es donde opera el derecho de autodeterminación de los pueblos, y es así como se define jurídicamente según la ONU, aunque hay muchos grupos interesados que intentan tergiversar su contenido. Como vemos, la apelación a la justicia parece funcionar bien y encajar en la aplicación al mundo real. El derecho a decidir no es un derecho incondicionado, sino el derecho a decidir dentro del ámbito de la justicia, el derecho a decidir  sobre lo justo.


Ahora bien, pensemos en los principales movimientos independentistas que me vienen a la mente, Quebec, Walonia, Escocia, País Vasco, Baviera, Cataluña… ¿Se puede aplicar el derecho de autodeterminación por ser pueblos oprimidos? A mí me parece que no. Todos ellos tienen representación en el parlamento respectivo, hay un Estado de Derecho, acceso a la justicia en condiciones de igualdad entre los integrantes de ese pueblo y respecto del resto de ciudadanos de sus respectivos países etc. En Valonia incluso por lo que he leído, los Balones están sobrerrepresentados en su sistema electoral, lo que les da más peso del que deberían en la toma de decisiones.


Se puede argumentar, quizá, que estas regiones sí están oprimidas. Por ejemplo, podría decirse que algunas no tienen tanta representación en el parlamento como deberían por su peso poblacional (desconozco si es el caso de alguna de ellas), o que la contribución a la solidaridad es demasiado grande, tanto que excede lo que es justo. Bien, en ese caso, en mi opinión, lo que procede es cambiar el sistema para que se reestablezca la justicia, igual que si cierto partido, como por ejemplo UPyD o IU, tienen menos representación que la que les corresponde por los votos recibidos, lo que habría que hacer es y pedir según y cambiar el sistema electoral para que fuera justo, no crear un parlamento propio para UPyD e IU o que sus votantes pidieran la independencia o llamaran a la insumisión y al boicot electoral. En efecto, lo justo en sí es muy difícil de determinar a priori, y solo con la práctica, el ensayo y el error, mejorando con cada intento, se puede conseguir un sistema perfecto.


Alguno podrá intentar argumentar que estas desigualdades o injusticias realmente suponen un ataque a su nacióno una opresión que solo se puede solucionar mediante la independencia, porque el opresor grupo mayoritario no está dispuesto a cambiarlo de ninguna manera, ya que lo que subyace es un odio intrínseco hacia la minoría, que se plasma en leyes injustas contra esa minoría y en la voluntad del grupo mayoritario de no cambiarlas bajo ningún concepto para así poder seguir explotando a la minoría. Sin duda, los instigadores de “España contra Cataluña” estarían más bien de acuerdo con esta visión.


Pues bien, ante esto, yo me planteo lo siguiente: las normas que supuestamente discriminan a Cataluña y la hacen contribuir más de lo que es justo, están redactadas de manera general, no particular. Me explico: no dicen algo así como Asturias pagará X, sino que van más bien por: la región que tenga tanto nivel de renta pagará X y la que tenga tanto nivel de renta recibirá X. Entonces, si la situación cambiara de forma que la región separatista X dejara de ser una región rica, empezaría a recibir dinero en vez  de aportarlo. Por lo tanto, la ley no está hecha contra Cataluña, ni a favor o en contra de ninguna región en particular, sino en base a criterios objetivos  que no señalan a ninguna región en concreto, sino que se limitan a indicar que la región que esté en una determinada situación pagará o recibirá X[2].


La única manera, en vista de esta de la generalidad de la ley, de defender la opresión a una región, sería afirmar que existe una especie de plan preconcebido por la mayoría para hacer leyes que siempre perjudiquen a la región X. Este argumento entra ya dentro de la teoría conspiratoria, pero se me ocurren maneras de atacarlo. Uno muy evidente, dado que el principal caballo de batalla independentista es la financiación, sería ver de dónde han nacido las iniciativas de reforma de los sistemas de financiación. Veremos que estos siempre parten de las minorías independentistas-regionalistas, buscando mayores recursos,  a cambio del apoyo parlamentario a un gobierno en minoría. Entonces, una de dos, o los propios representantes de las minorías son los demiurgos en la sombra que oprimen a la región X, o no hay tal conspiración.


Si asumimos que hay tal teoría de la conspiración, esta solo podría partir de los propios representantes de las minorías, o cuanto menos, estos estarían involucrados. Como estamos trabajando bajo la asunción de votantes racionales, que conocen todas las consecuencias de sus actos, estos votantes deberían haberse dado cuenta de esto hace mucho tiempo, porque votan a un partido, y este partido propone algo que les perjudica, una y otra vez. Entonces, no les votarían. Bajo la hipótesis del votante racional, esa conspiración no se sostiene. Otra alternativa sería proponer que los representantes de esas minorías son cortos de luces y siempre son engañados. De nuevo, bajo la hipótesis del votante racional, la gente debería haber cambiado de representantes hace tiempo.


Una importante vuelta de tuerca a esto es retirar la tesis del votante racional. Si la mayoría de votantes es irracional, entonces, estarían dirigidos por la élite política, la única que sí conoce las consecuencias de sus actos. Solo esa élite política propone una política u otra porque sabe que esa política le conviene, el resto de la gente no sabe si la política será buena para él o no, sino que se deja llevar por los medios, que a su vez están controlados por la minoría que sí sabe, en teoría de juegos, esto sería un juego de información asimétrica, donde algunas personas tienen más información que otras, y creo que se parece más a la realidad que la idea del votante perfectamente racional e informado.


Entonces, si los políticos, que están más informados, proponen independencia, es porque eso beneficia a la casta política, y entonces el votante medio debería desconfiar de ellos. Además, juntado con el anterior párrafo, resulta que esa misma casta política es la que le lleva a sufrir sus penurias, por lo que hay doble razón para hacer lo contrario de lo que te digan.


Un ejemplo análogo, si yo te vendo un coche por 10,000, será, salvo que haya otros factores, porque yo lo valoro en menos de 10,000, ¿verdad? Entonces, te estoy engañando, pidiendo más de lo que vale, no deberías comprarme el coche. Este es un problema clásico de la teoría de juegos cuando hay información asimétrica.


Incluso si retiramos la asunción de que la casta política sí constituye la minoría que conoce las consecuencias de sus actos, pero mantenemos que tiene cierto control sobre los medios de comunicación (no creo que nadie diga que estas asunciones no son ajustadas a la realidad), resulta lo siguiente: esta minoría es la que siempre reclama cambios en los modelos, y siempre sale perjudicada por ellos, luego se ve que no es muy buena defendiendo los intereses de sus representados, pero sí tiene influencia para controlar los medios e influir a los votantes. ¿Visto su historial de errores continuos seleccionando los modelos de financiación, debería votarlos una persona inteligente? Ni ellos saben las consecuencias de sus actos (según nuestra asunción), y se han equivocado varias veces en el pasado, ¿Qué credibilidad tienen y por qué fiarse de ellos una vez más?


Otro problema que se me ocurre a la idea del derecho a decidir de un pueblo. ¿Importa solo el hecho de que decidan o importa también el cómo y el cuándo? Me explico, ¿si un pueblo espontáneamente decide X, puede al día siguiente decidir Y, siendo Y contrario a X?


El problema de aceptar que sí, es que estaríamos admitiendo que el pueblo, el sujeto soberano, es inconsistente consigo mismo, se contradice, está al albur de un capricho, por lo que no sería recomendable dejar el gobierno en sus manos. Un ejemplo, la mayoría de los catalanes y vascos votaron el sí a la Constitución española en 1978, en la que se excluía el derecho a decidir unilateralmente, junto con unas reglas para cambiar esa constitución. ¿Pueden ahora cambiar su opinión y hacer algo que es contrario a la Constitución, sin recurrir a las normas que esa Constitución previó para su modificación, y que ellos aceptaron? Si admitimos que no, cualquier votación de independencia tendría que pasar por lo que la constitución prevé, en este caso, que voten todos los españoles.


Pues bien, para arrojar luces al asunto, si profundizamos en las bases de la democracia y nos remontamos al contrato social (ese mito sobre la fundación del Estado como un contrato entre seres libres que renuncian a parte de su libertad para garantizar la convivencia), resulta que es necesario admitir que el pueblo no puede ser inconsistente. En efecto, todos los pensadores afirman que una vez se entra en el contrato social, no hay manera de salir de él y volver al estado salvaje. Pero no hace falta irse a la filosofía, quedémonos en el derecho. Cuando dos personas firman un contrato, ¿Puede una de ellas decidir incumplirlo unilateralmente? ¿O más bien tendrá que ser de común acuerdo o según se haya establecido en el contrato? Es lo primero, claramente.


Si en las relaciones individuales se aplica esa lógica, con mayor razón habría que aplicarla en las relaciones generales, ¿Verdad? Hay que ser consecuentes. Es más, cuando alguien rompe un contrato, el juez le impone una indemnización, cuyo principio es que la parte que no rompió reciba los mismos beneficios que hubiera recibido si quien rompió no hubiera roto el contrato. ¿Algún movimiento independentista defiende esto? No interesa defenderlo, claro que no, más bien al contrario, muchos dicen que son los que no rompieron (España respecto de Cataluña, Reino Unido respecto de Escocia) los que tienen que pagar la deuda histórica, y gracias si el que se independiza asume graciosamente parte de la deuda existente, ¿No es de locos? Si vamos de lo particular a lo general, siguiendo un método inductivo, sería al revés, el que se separa paga hasta la camisa por incumplir, en fin.


A los que digan que lo que pasa es que la mayoría de actuales habitantes de Cataluña no pudieron votar en 1978 porque hace 35 años de aquello y muchos no habían nacido, por lo  que aquella voluntad ya no vale, caen a su vez en otro problema: resulta que entonces lo que importa ya no es la voluntad del pueblo sino de las personas individuales. Bien, entonces, ¿Cómo solucionamos el problema de que yo no quiero pagar gasto educativo porque ya terminé la escuela, o sanitario porque tengo seguro privado?


A los que digan que mi argumento es absurdo porque entonces una vez el pueblo ha decidido algo, ya no puede nunca cambiarlo, así que el derecho se queda parado, me gustaría sacarle de su error: cuando el parlamento aprueba una ley, aprueba implícitamente la manera de reformarla, pues toda ley está sometida a la Constitución y en ella se regula (de manera general, remitiéndose a otras leyes donde se regula en más detalle sin contradecir lo que la Constitución establece), cómo se cambia una ley, así que el derecho no se queda parado, simplemente, hay un procedimiento al que atenerse. Es como cuando en un juicio alguien intenta presentar a un perito cuando se está en el turno de interrogatorio del acusado, el juez le dirá: espere a que proceda, o hágalo según está establecido, pues aquí lo mismo.


Ya para concluir, una última idea, aun asumiendo todos los postulados nacionalistas, aceptar que pueden independizarse, que ello es justo, que solo han de decidir ellos etc., me gustaría que me contestaran a una cosa: ¿Si un país X se separa de Y, y luego quiere volver a unirse, acaso no es obvio que en la votación para unirse vorarán tanto los habitantes de X como los de Y? ¿Pues bien, por qué al separarse solo votan los de X? ¿Cómo se justifica esa falta de paralelismo? Los de Y votan al unirse X porque el hecho de que se una X les afecta, igual que al separarse les afecta la separación, así que no ven una gran diferencia. ¿Sería posible explicar esto sin caer en la nación cultural que creo que ya está desacreditada?


En conclusión, tampoco el argumento de la voluntad popular funciona salvo en casos extremos que no se dan en ninguna nación moderna y democrática. Solo recurriendo a la demagogia o al argumento de la nación cultural es posible defender la separación unilateral. Ambas vías son inadecuadas e inaceptables para una persona racional, por lo que la posibilidad de independencia ha de rechazarse.



[1]No deseo entrar en este artículo en la idea de justicia, pues esa es otra historia, pero diré brevemente que yo me decanto por la definición de Aristóteles, Suum cuique tribuere, dar a cada uno lo que le corresponde.

[2] Es cierto que en el caso de Navarra o el País Vasco, la ley, debido a privilegios históricos, sí que va más bien por el camino de: estas regiones por el hecho de ser estas regiones pagarán menos y recibirán más, pero entonces lo que hay que hacer es eliminar estos privilegios quizá, lo cual es otra historia, y afecta solo a un 2% de la población española, así que su influencia no puede ser muy relevante en el tema que tratamos ahora.

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