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26 diciembre 2013 4 26 /12 /diciembre /2013 23:26

Historias del Nacionalismo

Introducción


En el siguiente artículo trataré el candente tema del nacionalismo, que tan de moda se ha puesto en España en los últimos tiempos. He estructurado la redacción en dos partes, en las que analizaré los dos principales argumentos propuestos por los que defienden estas ideas, el argumento de la nación cultural, y el argumento de la nación como voluntad popular, para averiguar si son sostenibles o justificables, y si lo son, hasta qué punto. El objetivo es generar un debate abierto sobre el tema, y estaré encantado de incorporar argumentos o contra-argumentos que otras personas propongan, ya sea a través de este foro o por cualquier otro medio.


Cuando presenté el borrador de este artículo a un par de amigos para que lo revisaran y dieran su opinión, estos me expresaron su sorpresa porque abordara también el argumento de la nación como entidad cultural. Alegaban que ese argumento es poco sostenible de por sí, y que poca gente, sino ninguna, lo defiende hoy en día, o al menos no como único argumento, sino que más bien lo combinan con el segundo. Yo, en mi humilde opinión, creo que tienen razón, pero me pareció oportuno tratarlo por las siguientes razones: 1) para que el artículo tratara de un modo integral y desde todos los posibles enfoques el nacionalismo, y 2) porque Al hablar de la nación como voluntad popular, me di cuenta de que la argumentación llevaba muchas veces al debate de la nación como ente cultural, por lo que la discusión sobre la nación como voluntad popular no quedaría completa sin tratar la primera.


Por ello, yo sugeriría, para ahorrar tiempo y esfuerzo, que  solo se empezara el artículo en la argumentación sobre la voluntad popular (Página 4) y solo en caso de que se defienda también la nación como ente cultural o que en el desarrollo de la discusión sobre la voluntad popular se caiga en la cuenta de que también se defiende la nación como cultura, o bien se quiera profundizar más en este aspecto, se lea la primera parte.


El Argumento de la Nación cultural


Para aclarar los términos y no llevar a confusiones, debo aclarar que yo entiendo por este argumento aquel que propugna la existencia de una “nación” separada, con una cultura, creencias, tradiciones y folclore propias, así como, generalmente (aunque no necesariamente), una lengua común diferente. La existencia de esta cultura diferente justificaría la necesidad de la separación, bien por sí sola, bien por la supuesta o real opresión a la que es sometida por la cultura o nación dominante, que impide su correcto desarrollo.


Como ya he anticipado en la introducción, a mucha gente este argumento para la independencia le resultará un tanto pasado de moda o anticuado, pero creo que ha de tratarse y debatirse, porque muchos nacionalistas acaban apelando en mayor o menor medida a la existencia de una cultura separada. De hecho, me atrevería a decir que esa es la norma en los nacionalismos europeos, que son los aquellos con los que estoy más familiarizado.


Bien, pasemos a analizar esta proposición. Supuestamente, existe una cultura diferente, un conjunto de creencias y valores compartidos. A mí me parece una idea muy difícil de justificar  por las fuertes asunciones de las que parte: en efecto, implica afirmar que todos los pertenecientes de la nacionalidad X comparten un mismo sistema de creencias, y más aún, que ese sistema que comparten es más fuerte que el que comparten con cualquier otro tipo de personas o grupos (porque si no, lo que procedería es unirse con ese otro grupo).


Personalmente, creo que esa proposición va contra la evidencia empírica. Partiendo de un ejemplo hipotético, el nacionalismo asturiano: esta afirmación supone sostener que una persona de Vegadeo (extremo occidental de Asturias) comparte más con una de Llanes (zona oriental, ya cerca de Cantabria, a  decenas de kilómetros) que con una de Ribadeo (justo al otro lado del río Eo, a menos de un kilómetro pero ya en Galicia.


Generalizando el argumento del ejemplo, la  entidad cultural a la que alude el nacionalismo se difumina si miras a los extremos de ese territorio. Los de un extremo se parecerán más a los que están a su lado pero ya fuera del territorio, que a los del otro extremo. En nacionalismos con lengua propia, esto incluso se refleja en las lenguas. Por ejemplo, las variantes del euskera de un extremo son difícilmente comprensibles para las del otro. Las variantes del asturiano cercanas a Galicia son comprensibles para los gallegos, y hasta se discute si son variantes del gallego o tienen personalidad propia, mientras que las de oriente están más bien castellanizadas. El nivel de comprensión entre las variantes orientales y occidentales es a su vez más bajo que el que habría entre el asturiano cercano a Galicia y el gallego.


Por lo tanto, el mismo argumento que justifica un nacionalismo en un cierto territorio también serviría para justificar que ese territorio se partiera en dos y una mitad se juntara con los que antes quedaban excluidos por un lado, y la otra con los del otro. En mi sencillo ejemplo, el mismo argumento que reivindica el nacionalismo asturiano serviría para unir la mitad de Asturias con Galicia y la mitad  con Castilla (de hecho, me consta que ciertos sectores nacionalistas de Galicia pretenden anexionar la región entre el Eo y el Navia en Asturias a Galicia).


El problema es que no acaba ahí, sino que también serviría para unir la mitad de Galicia con Portugal (y de hecho existe entre los hablantes de gallego una corriente minoritaria que considera el gallego como variante del Portugués y no como lengua propia, y ofrece unas normas ortograficas “lusificadas” alternativas para este, lo cual va en la línea de lo que indico) y la otra con la mitad de Asturias que se une a Galicia y así sucesivamente. Más aún, llevando el argumento al absurdo, no hay por qué partir cada “nación” en dos, podríamos partirlo en mucho más, al final, serviría para justificar que cada pueblo, región,  valle etc. con características mínimamente diferentes se separara.


Un segundo argumento en contra de la justificación del nacionalismo apelando a la nación es el siguiente: el hecho de que exista una nación cultural no implica necesariamente que haya que crear su propio Estado. Nación y Estado son dos realidades distintas que no llevan necesariamente de una a otra. El propio nacionalismo suele apelar al pasado anterior al siglo XIX, cuando el concepto de nación no existía, y menos el de nación-Estado. Por lo tanto, apelan a un pasado en el que los Estados no se formaban por una sola nación, sino por varias, lo que les  lleva, o bien incurriendo en una incoherencia, o bien a admitir implícitamente que el Estado no se ha de formar por una sola nación, lo que dejaría sin fundamento reivindicar un Estado propio basándose solo en la idea de nación. De hecho, si se ve desde una perspectiva tanto histórica, el número de Estados constituidos por una nación respecto del total de Estados que han existido es sin duda minoritario.


No obstante, no es necesario buscar en el pasado. Hoy en día hay muchos Estados plurinacionales como Suiza o el Reino Unido, muchos países sudamericanos (que han reconocido a las naciones indígenas), y se podría argumentar que el propio EEUU también (aunque en este último caso han conseguido crear una especie de nacionalismo basado precisamente en la idea de la plurinacionalidad, los orígenes diversos etc.). Por lo tanto, aunque exista esa nación, no es necesario que haya Estado. Me atrevería a afirmar que incluso hoy, el número de Estados-nación sigue siendo inmensamente minoritario.


Por otra parte, crear un Estado supondría asociar la nación a un territorio. Sin embargo, es muy común que una persona que no viva en ese territorio ni haya vivido nunca, pero tenga ascendencia de ese lugar, se sienta como perteneciente a esa nacionalidad. Identificar la nación con un territorio supondría expulsar de la nación a todos aquellos que se encuentren en esa situación. Sin embargo, estas personas que se encontrarían fuera del nuevo estado, aunque reunirían todos los requisitos que los nacionalistas reivindicaron para formar la nación, por lo tanto, ¿No seguirían formando parte de la nación?


El mismo argumento funciona al revés, puesto que has construido tu Estado en torno a la nación (cultura, etc.), habría gente viviendo dentro de ese territorio que no formaría parte de tu nación, por no poseer esa cultura e ideas sobre las que has construido tu Estado. Sin embargo, serían ciudadanos del nuevo Estado, pagarían sus impuestos allí, usarían de sus servicios públicos etc. aunque es imposible afirmar que sean parte de tu nación (tal y como se ha definido, como concepto cultural, con el que se puede estar o no de acuerdo, pero esa es otra historia).


Un ejemplo de esta realidad es el referéndum para la independencia de Escocia, en el que se ha decidido que todos los residentes mayores de 16 años voten. Eso lleva a que 300.000 personas (casi el 10% del censo) puedan votar sin que sean escoceses, y que otras tantas que son escoceses fuera de escocia no puedan votar, según leí recientemente en la prensa.


Resumiendo, tendríamos gente que pertenece a la nación, pero no al Estado, y gente que pertenece al Estado pero no a la nación. Vemos claramente que el Estado y la Nación son dos cosas totalmente separadas, que obedecen a ideas totalmente distintas. El Estado sigue una lógica de territorialidad, mientras que la Nación sigue una de “personalidad” o “sentimiento”.


Es cierto que puedes salir fuera del país y seguir siendo nacional del mismo, pero para ello se te exige haber tenido un vínculo territorial previo con ese Estado, porque si no, jamás habrías obtenido la nacionalidad. En algunos países, basta con que lo hayan tenido tus padres, pero no conozco ninguno en el que basten los abuelos, salvo de manera excepcional  y temporal (como en la Ley de Memoria Histórica hace ya algunos años, donde se acordó que los hijos y nietos de exiliados de la guerra civil podían solicitar la nacionalidad española, pero tenían una fecha límite para ella). Por lo tanto, el vínculo territorial predomina y acaba imponiéndose.


Por lo tanto, Nación y Estado obedecen a dos lógicas distintas, y no se puede saltar (racionalmente) de uno a otro. Construir el Estado a partir de la nación es un absurdo que lleva o bien a identificar la nación con los que viven en ese territorio (porque supone renunciar a la cultura y a la historia en la que has basado tu nación, dado que incluiría como nacionales a gente que no comparte esa cultura e historia y excluiría a otros que sí la comparten), o a negar al Estado su territorialidad (pues el Estado estaría allí donde hubiera un nacional del país), lo cual me parece un absurdo todavía mayor, porque sería un Estado sin territorio, algo más parecido a un gremio, a una asociación cultural, como puede ser el club de amigos del oso pardo cantábrico.


Como colofón a la discusión sobre el argumento de la nación, me gustaría hacer una mención a la extraña tendencia que tienen los nacionalistas que apelan a la nación cultural a distorsionar su propia nación cultural. Me explico: se basan en una realidad distorsionada de su propia cultura, algo que no existe ni nunca existió. Por ejemplo, está ahora en boga el simposio “España contra Cataluña” y parece ser que la Generalitat de Cataluña tiene a 30 individuos registrando el BOE durante los últimos 300 años para realizar una “lista de agravios” de España a Cataluña, pues bien, ¿No es esto promover una visión sesgada de la historia de Cataluña y por lo tanto de su nación? Si solo buscas agravios y no buscas desagravios o ventajas de estar en España, estás negando la mitad de la Historia, ¿Y no es esto en cierto modo negar tu propia cultura al negar tu propia historia? Se da el absurdo de que partiendo de la ensalzación de tu cultura como hecho diferenciador se acaba negando la misma.


El Argumento de la Voluntad Popular


El único argumento que queda para reivindicar el nacionalismo es la voluntad popular, o lo que algunos llaman el derecho a decidir”. Esto supone deslindar sus reivindicaciones de cualquier elemento cultural, económico o social común; todo lo que importa es que haya un grupo de individuos que desean conformarse en Estado aunque entre ellos no tengan nada en común.


Un primer ataque contra este argumento sería el siguiente: si lo que importa es la voluntad de las personas, ¿Por qué hay que asociar la voluntad de esas personas a un territorio? Dicho de otro modo, ¿Por qué tienen que ser las personas que viven en un determinado territorio las que han de tener esa voluntad de independencia? ¿No basta que haya personas que quieran, aunque vivan en lugares separados, constituirse en Estado? Sin embargo, los nacionalistas siempre exigen algo más que la voluntad, siempre se asocian a un territorio concreto.


Siguiendo con el mismo argumento, si lo que importa es la voluntad de las personas, ¿Por qué solo se pregunta a una parte de las personas? Me explico: los referenda siempre se desean para los habitantes de territorio concreto, Los vascos, los escoceses, los flamencos… ¿Por qué no se hace en toda España, todo Reino Unido o toda Bélgica? Si lo que importa es la voluntad de la gente, lo óptimo sería que el mayor número de gente expresara su voluntad. Los propios nacionalistas suelen defender esto, y proponen medidas en post de ello, como que voten los mayores de 16 en vez de los mayores de 18, o que se use de base para el censo el padrón municipal en vez del censo electoral (para así incluir a personas que no tienen la nacionalidad pero que viven ahí). A esto no se puede contestar si no es aludiendo de nuevo a la nación como supuesto ente decisor, o a un territorio como unidad administrativa.


Lo primero nos devuelve a la primera parte del artículo para descartarlo. Lo segundo, al menos en el caso español, lleva  a un absurdo todavía más curioso: fue establecida por el Estado en su conjunto (En el caso de España, por Las Cortes allá por 1833, cuando se dividió en provincias España, pues esas provincias fueron las que luego constituyeron las Comunidades Autónomas en 1978 al decidir todos los Españoles en la Constitución de ese año que la provincia sería la base para su formación), luego resulta que los españoles en su conjunto no pueden decidir sobre la independencia, pero sí pueden, y de hecho lo han hecho hace 180 años, decidir sobre quien forma el cuerpo decisor.


Mi pregunta, a raíz este argumento,  es: ¿Si el conjunto de los españoles pudo en su día decidir las unidades decisoras, podemos seguir haciéndolo? ¿Podríamos ahora decidir que los límites de Cataluña son distintos? Si la respuesta es no, la siguiente pregunta es: ¿Por qué pudimos entonces y ahora no podemos? Vería una clara incoherencia en su discurso, además de que la carga de explicar por qué caería sobre el que alega que no podemos, ya que el precedente es en sentido contrario.


Si la respuesta es sí, habría otra gran incoherencia: el resto del país no puede votar porque no forma parte de la unidad administrativa, pero sí podría decidir cambiar los límites de  la unidad administrativa de forma que esta se ampliara y abarcara a toda la nación, por lo que sí podrían votar. Como vemos, apelar a que solo vota la unidad administrativa X es un oxímoron en sí mismo.


Entonces, la única alternativa es que no es la voluntad popular la que crea los Estados, sino la nación como ente superior, cuya existencia crea las naciones. Queda claro que la voluntad del individuo está relegada a un segundo plano, solo si pertenece a la nación relevante podrá expresar su opinión, y cualquier individuo que no pertenezca a ella no podrá, incluso aunque su voluntad fuera la de unirse a ese país. Por ejemplo, en un hipotético referéndum por la independencia de Cataluña, yo, asturiano-madrileño, no sería preguntado sobre si deseo la existencia del Estado Catalán, ni mucho menos sobre si quiero pertenecer o no a ese nuevo Estado. 


Por cierto, ¿Qué pasaría con la diáspora? También se excluirían a los catalanes que viven fuera del territorio pero que sí pertenecen a la nación, ¿O ellos sí podrían votar, aunque vivieran en Galicia o en otro país? ¿Y qué hay de Baleares, Comunidad Valenciana etc. en el ejemplo catalán? Pues ellos forman parte también de los llamados Països Catalanes, ¿Por qué se excluyen si supuestamente forman parte de la nación?


En resumen, vista tanta arbitrariedad, ¿Quién decide quién es nación y quién no?  ¿El político de turno según sus intereses? La pregunta es retórica. Siguiendo el ejemplo catalán,  como en los Països catalanes se perdería abrumadoramente si hacemos referéndum, hagámoslo solo en Cataluña (y sobre todo, no dividamos Cataluña en provincias no vaya a ser que perdamos en Barcelona, mejor juntar Barcelona con las otras para que así se compensen las unas con las otras y en general ganemos, a esto se le llama Guerrymandering, cortar por donde más interesa.


Acabado este argumento, vamos a suponer ahora que no hay ningún problema conceptual en que esa apelación a la voluntad popular sea territorial. Vamos a obviar los problemas antes expuestos, lo absurdo de vincularlo a un territorio o a una unidad administrativa, a una nación etc. y vamos a suponer que por cualquier circunstancia, “separatistas y unionistas” hemos llegado a un acuerdo sobre quiénes formarán el sujeto decisor y este es claro y definido, sin que nadie pueda objetar ningún tipo de duda u objeción al respecto, como si los últimos párrafos del artículo hubieran sido una oda ensalzando la nación en vez de una crítica a la selección del sujeto decisor. Curiosamente, el asunto seguiría naufragando en un mar de problemas:


En primer lugar, ¿el hecho de que haya una mayoría que lo desea es suficiente para que sea justo? Me parece que no. Veamos, si presuponemos que una persona es racional y por lo tanto vota según lo que le conviene (el hecho de que mucha gente no sepa lo que vota, vota engañada por la prensa etc. es otra historia muy interesante, pero vamos a suponer por ahora que el sujeto decisor, está perfectamente informado y sabe todas las consecuencias de lo que vota y ve todas las ramificaciones de sus decisiones; luego relajaremos esta exigencia). En este caso, votará a favor o en contra según le resulte conveniente o no la independencia. Por ejemplo, como Cataluña es una región rica dentro de España, si se independizara dejaría de contribuir a la solidaridad interregional y por lo tanto tendría más recursos para los catalanes, así que los catalanes deberían votar a favor.


Sin embargo, a la mayoría nos parece justo, creo, que el que más tiene más contribuya a los gastos (el grado de mayor contribución es ya otra historia, si el 30% o el 40%, pero no creo que nadie, como principio general, defienda que el que más tenga pague menos). Si decimos que lo que importa es la voluntad de un colectivo, entonces, el colectivo de ricos podría decidir que no va a pagar más impuestos que los pobres, ¿Cuál sería el problema? Sería un conjunto de sujetos que expresa libremente su voluntad. Sin embargo, ¿Acaso alguien defendería que esta consulta podría llevarse a cabo sin contar en la votación con la opinión de los pobres? Me parece que no.


Bien, esta situación es paralela a la de una región rica que quiera independizarse del resto de su país para no contribuir a la solidaridad. Probablemente, muchos nacionalistas defenderían que la nación puede independizarse, pero no que los ricos puedan dejar de pagar impuestos. ¿Cuál es la diferencia si ambas son voluntades populares que se expresan libremente?


Parece que a pesar de habernos puesto mágicamente de acuerdo en el sujeto decisor, resulta que la voluntad popular libremente expresada no es lo único que importa, hay algo más, porque si no, toda expresión de voluntad de un grupo de personas debería ser sagrada. Ejemplos similares, ¿Podría una mayoría social decidir el exterminio de una parte de ella misma al estilo de la Alemania Nazi? Es un sujeto soberano que expresa su sagrada voluntad, pero pocos lo defenderían, pues no basta que haya un pueblo que quiera algo, se necesita más. ¿Podrían los que tienen seguro privado decidir no pagar gastos sanitarios para sostener la sanidad pública? Parece que habría un sentimiento generalizado en contra. Llevado al absurdo, y puesto que  la definición de grupo es subjetiva, si a mí la ley X no me conviene, decidiría no aplicarla para mi caso, como sujeto independiente y libre, ¿No, verdad?


Visto que no basta la voluntad de un conjunto para que una determinada política se implemente, ¿Qué es ese algo que falta? Probablemente esto dé para otra historia, pero si se apela a la nación o al territorio, pido que se regrese a las respectivas secciones de este artículo donde ya hemos tratado y creo, desmentido, esa posibilidad. Tiene que ser algo distinto, ¿No será acaso que la ley ha de ser justa[1]? Desde luego, esta solución resuelve el problema sin caer en los problemas que antes planteamos. No puede parte de la población decidir exterminar a la otra porque es injusto, ni puede dejar de pagar impuestos porque también es injusto.


Entonces, lo que procede sería ver cuáles son las razones por las que el sujeto decisor desea plantear la independencia, para comprobar si son justas o no. Como ya se ha adelantado, cualquier apelación a que así se deja de contribuir a la solidaridad común o a la posibilidad de autogestionar los recursos para servir a los intereses particulares del territorio en vez de a los intereses generales, no podría justificar la independencia, por ser un argumento que engendra injusticia, al ser justo que los ricos contribuyan más que los pobres, o que las regiones mejor dotadas ayuden a las que no lo son.


En el otro lado de la balanza, ¿Podría un pueblo (recordemos que nos hemos puesto de acuerdo en quién conforma el pueblo, así que no hay problema en ese sentido) decidir independizarse si está siendo notoriamente oprimido, sus recursos explotados injustificada y desproporcionadamente, sometido a genocidio,  excluido de los sistemas de representación popular? Parece que sí, de hecho, ahí es donde opera el derecho de autodeterminación de los pueblos, y es así como se define jurídicamente según la ONU, aunque hay muchos grupos interesados que intentan tergiversar su contenido. Como vemos, la apelación a la justicia parece funcionar bien y encajar en la aplicación al mundo real. El derecho a decidir no es un derecho incondicionado, sino el derecho a decidir dentro del ámbito de la justicia, el derecho a decidir  sobre lo justo.


Ahora bien, pensemos en los principales movimientos independentistas que me vienen a la mente, Quebec, Walonia, Escocia, País Vasco, Baviera, Cataluña… ¿Se puede aplicar el derecho de autodeterminación por ser pueblos oprimidos? A mí me parece que no. Todos ellos tienen representación en el parlamento respectivo, hay un Estado de Derecho, acceso a la justicia en condiciones de igualdad entre los integrantes de ese pueblo y respecto del resto de ciudadanos de sus respectivos países etc. En Valonia incluso por lo que he leído, los Balones están sobrerrepresentados en su sistema electoral, lo que les da más peso del que deberían en la toma de decisiones.


Se puede argumentar, quizá, que estas regiones sí están oprimidas. Por ejemplo, podría decirse que algunas no tienen tanta representación en el parlamento como deberían por su peso poblacional (desconozco si es el caso de alguna de ellas), o que la contribución a la solidaridad es demasiado grande, tanto que excede lo que es justo. Bien, en ese caso, en mi opinión, lo que procede es cambiar el sistema para que se reestablezca la justicia, igual que si cierto partido, como por ejemplo UPyD o IU, tienen menos representación que la que les corresponde por los votos recibidos, lo que habría que hacer es y pedir según y cambiar el sistema electoral para que fuera justo, no crear un parlamento propio para UPyD e IU o que sus votantes pidieran la independencia o llamaran a la insumisión y al boicot electoral. En efecto, lo justo en sí es muy difícil de determinar a priori, y solo con la práctica, el ensayo y el error, mejorando con cada intento, se puede conseguir un sistema perfecto.


Alguno podrá intentar argumentar que estas desigualdades o injusticias realmente suponen un ataque a su nacióno una opresión que solo se puede solucionar mediante la independencia, porque el opresor grupo mayoritario no está dispuesto a cambiarlo de ninguna manera, ya que lo que subyace es un odio intrínseco hacia la minoría, que se plasma en leyes injustas contra esa minoría y en la voluntad del grupo mayoritario de no cambiarlas bajo ningún concepto para así poder seguir explotando a la minoría. Sin duda, los instigadores de “España contra Cataluña” estarían más bien de acuerdo con esta visión.


Pues bien, ante esto, yo me planteo lo siguiente: las normas que supuestamente discriminan a Cataluña y la hacen contribuir más de lo que es justo, están redactadas de manera general, no particular. Me explico: no dicen algo así como Asturias pagará X, sino que van más bien por: la región que tenga tanto nivel de renta pagará X y la que tenga tanto nivel de renta recibirá X. Entonces, si la situación cambiara de forma que la región separatista X dejara de ser una región rica, empezaría a recibir dinero en vez  de aportarlo. Por lo tanto, la ley no está hecha contra Cataluña, ni a favor o en contra de ninguna región en particular, sino en base a criterios objetivos  que no señalan a ninguna región en concreto, sino que se limitan a indicar que la región que esté en una determinada situación pagará o recibirá X[2].


La única manera, en vista de esta de la generalidad de la ley, de defender la opresión a una región, sería afirmar que existe una especie de plan preconcebido por la mayoría para hacer leyes que siempre perjudiquen a la región X. Este argumento entra ya dentro de la teoría conspiratoria, pero se me ocurren maneras de atacarlo. Uno muy evidente, dado que el principal caballo de batalla independentista es la financiación, sería ver de dónde han nacido las iniciativas de reforma de los sistemas de financiación. Veremos que estos siempre parten de las minorías independentistas-regionalistas, buscando mayores recursos,  a cambio del apoyo parlamentario a un gobierno en minoría. Entonces, una de dos, o los propios representantes de las minorías son los demiurgos en la sombra que oprimen a la región X, o no hay tal conspiración.


Si asumimos que hay tal teoría de la conspiración, esta solo podría partir de los propios representantes de las minorías, o cuanto menos, estos estarían involucrados. Como estamos trabajando bajo la asunción de votantes racionales, que conocen todas las consecuencias de sus actos, estos votantes deberían haberse dado cuenta de esto hace mucho tiempo, porque votan a un partido, y este partido propone algo que les perjudica, una y otra vez. Entonces, no les votarían. Bajo la hipótesis del votante racional, esa conspiración no se sostiene. Otra alternativa sería proponer que los representantes de esas minorías son cortos de luces y siempre son engañados. De nuevo, bajo la hipótesis del votante racional, la gente debería haber cambiado de representantes hace tiempo.


Una importante vuelta de tuerca a esto es retirar la tesis del votante racional. Si la mayoría de votantes es irracional, entonces, estarían dirigidos por la élite política, la única que sí conoce las consecuencias de sus actos. Solo esa élite política propone una política u otra porque sabe que esa política le conviene, el resto de la gente no sabe si la política será buena para él o no, sino que se deja llevar por los medios, que a su vez están controlados por la minoría que sí sabe, en teoría de juegos, esto sería un juego de información asimétrica, donde algunas personas tienen más información que otras, y creo que se parece más a la realidad que la idea del votante perfectamente racional e informado.


Entonces, si los políticos, que están más informados, proponen independencia, es porque eso beneficia a la casta política, y entonces el votante medio debería desconfiar de ellos. Además, juntado con el anterior párrafo, resulta que esa misma casta política es la que le lleva a sufrir sus penurias, por lo que hay doble razón para hacer lo contrario de lo que te digan.

 

Un ejemplo análogo, si yo te vendo un coche por 10,000, será, salvo que haya otros factores, porque yo lo valoro en menos de 10,000, ¿verdad? Entonces, te estoy engañando, pidiendo más de lo que vale, no deberías comprarme el coche. Este es un problema clásico de la teoría de juegos cuando hay información asimétrica.

 


Incluso si retiramos la asunción de que la casta política sí constituye la minoría que conoce las consecuencias de sus actos, pero mantenemos que tiene cierto control sobre los medios de comunicación (no creo que nadie diga que estas asunciones no son ajustadas a la realidad), resulta lo siguiente: esta minoría es la que siempre reclama cambios en los modelos, y siempre sale perjudicada por ellos, luego se ve que no es muy buena defendiendo los intereses de sus representados, pero sí tiene influencia para controlar los medios e influir a los votantes. ¿Visto su historial de errores continuos seleccionando los modelos de financiación, debería votarlos una persona inteligente? Ni ellos saben las consecuencias de sus actos (según nuestra asunción), y se han equivocado varias veces en el pasado, ¿Qué credibilidad tienen y por qué fiarse de ellos una vez más?

 

 Otro problema que se me ocurre a la idea del derecho a decidir de un pueblo. ¿Importa solo el hecho de que decidan o importa también el cómo y el cuándo? Me explico, ¿si un pueblo espontáneamente decide X, puede al día siguiente decidir Y, siendo Y contrario a X?


El problema de aceptar que sí, es que estaríamos admitiendo que el pueblo, el sujeto soberano, es inconsistente consigo mismo, se contradice, está al albur de un capricho, por lo que no sería recomendable dejar el gobierno en sus manos. Un ejemplo, la mayoría de los catalanes y vascos votaron el sí a la Constitución española en 1978, en la que se excluía el derecho a decidir unilateralmente, junto con unas reglas para cambiar esa constitución. ¿Pueden ahora cambiar su opinión y hacer algo que es contrario a la Constitución, sin recurrir a las normas que esa Constitución previó para su modificación, y que ellos aceptaron? Si admitimos que no, cualquier votación de independencia tendría que pasar por lo que la constitución prevé, en este caso, que voten todos los españoles.

Pues bien, para arrojar luces al asunto, si profundizamos en las bases de la democracia y nos remontamos al contrato social (ese mito sobre la fundación del Estado como un contrato entre seres libres que renuncian a parte de su libertad para garantizar la convivencia), resulta que es necesario admitir que el pueblo no puede ser inconsistente. En efecto, todos los pensadores afirman que una vez se entra en el contrato social, no hay manera de salir de él y volver al estado salvaje. Pero no hace falta irse a la filosofía, quedémonos en el derecho. Cuando dos personas firman un contrato, ¿Puede una de ellas decidir incumplirlo unilateralmente? ¿O más bien tendrá que ser de común acuerdo o según se haya establecido en el contrato? Es lo primero, claramente.


Si en las relaciones individuales se aplica esa lógica, con mayor razón habría que aplicarla en las relaciones generales, ¿Verdad? Hay que ser consecuentes. Es más, cuando alguien rompe un contrato, el juez le impone una indemnización, cuyo principio es que la parte que no rompió reciba los mismos beneficios que hubiera recibido si quien rompió no hubiera roto el contrato. ¿Algún movimiento independentista defiende esto? No interesa defenderlo, claro que no, más bien al contrario, muchos dicen que son los que no rompieron (España respecto de Cataluña, Reino Unido respecto de Escocia) los que tienen que pagar la deuda histórica, y gracias si el que se independiza asume graciosamente parte de la deuda existente, ¿No es de locos? Si vamos de lo particular a lo general, siguiendo un método inductivo, sería al revés, el que se separa paga hasta la camisa por incumplir, en fin.


A los que digan que lo que pasa es que la mayoría de actuales habitantes de Cataluña no pudieron votar en 1978 porque hace 35 años de aquello y muchos no habían nacido, por lo  que aquella voluntad ya no vale, caen a su vez en otro problema: resulta que entonces lo que importa ya no es la voluntad del pueblo sino de las personas individuales. Bien, entonces, ¿Cómo solucionamos el problema de que yo no quiero pagar gasto educativo porque ya terminé la escuela, o sanitario porque tengo seguro privado?


A los que digan que mi argumento es absurdo porque entonces una vez el pueblo ha decidido algo, ya no puede nunca cambiarlo, así que el derecho se queda parado, me gustaría sacarle de su error: cuando el parlamento aprueba una ley, aprueba implícitamente la manera de reformarla, pues toda ley está sometida a la Constitución y en ella se regula (de manera general, remitiéndose a otras leyes donde se regula en más detalle sin contradecir lo que la Constitución establece), cómo se cambia una ley, así que el derecho no se queda parado, simplemente, hay un procedimiento al que atenerse. Es como cuando en un juicio alguien intenta presentar a un perito cuando se está en el turno de interrogatorio del acusado, el juez le dirá: espere a que proceda, o hágalo según está establecido, pues aquí lo mismo.


Ya para concluir, una última idea, aun asumiendo todos los postulados nacionalistas, aceptar que pueden independizarse, que ello es justo, que solo han de decidir ellos etc., me gustaría que me contestaran a una cosa: ¿Si un país X se separa de Y, y luego quiere volver a unirse, acaso no es obvio que en la votación para unirse vorarán tanto los habitantes de X como los de Y? ¿Pues bien, por qué al separarse solo votan los de X? ¿Cómo se justifica esa falta de paralelismo? Los de Y votan al unirse X porque el hecho de que se una X les afecta, igual que al separarse les afecta la separación, así que no ven una gran diferencia. ¿Sería posible explicar esto sin caer en la nación cultural que creo que ya está desacreditada?


En conclusión, tampoco el argumento de la voluntad popular funciona salvo en casos extremos que no se dan en ninguna nación moderna y democrática. Solo recurriendo a la demagogia o al argumento de la nación cultural es posible defender la separación unilateral. Ambas vías son inadecuadas e inaceptables para una persona racional, por lo que la posibilidad de independencia ha de rechazarse.



[1]No deseo entrar en este artículo en la idea de justicia, pues esa es otra historia, pero diré brevemente que yo me decanto por la definición de Aristóteles, Suum cuique tribuere, dar a cada uno lo que le corresponde.

[2] Es cierto que en el caso de Navarra o el País Vasco, la ley, debido a privilegios históricos, sí que va más bien por el camino de: estas regiones por el hecho de ser estas regiones pagarán menos y recibirán más, pero entonces lo que hay que hacer es eliminar estos privilegios quizá, lo cual es otra historia, y afecta solo a un 2% de la población española, así que su influencia no puede ser muy relevante en el tema que tratamos ahora.

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Published by osoyogi - en Política
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23 diciembre 2013 1 23 /12 /diciembre /2013 18:09

Historias de la Representación

 

El propósito de este artículo es intentar dar una respuesta al eterno debate al que se enfrentan todos los sistemas electorales: identificación del pueblo con su representante y representación de minorías. En efecto, en el mundo podemos encontrar dos sistemas puros de sistema electoral, con varias variantes: el sistema anglosajón, en el que en cada circunscripción se elige a una sola persona que representa los intereses de la región por la que es elegido, y el continental, en el que en cada región se eligen varias personas de diferentes partidos en proporción al número de votos obtenidos por cada candidatura.

 

El primero tiene la ventaja de que el representante se debe a su electorado. La gente sabe quién le representa y pueden castigarlo o premiarlo según el sentido de sus votaciones y su actuación. Así, es más esperable que vele por los intereses de sus votantes más que por los del partido, puesto que de lo contrario su reeleción será difícil. Su problema es que excluye a las minorías, el candidato que gane, aunque sea por 1 voto, se lleva toda la representación y las minorías se quedan sin voz. Por eso en el mundo anglosajón se le conoce como sistema de “first past the post”.

 

Su opuesto es el sistema continental, en el que cada región elige varios candidatos. Su virtud es que permite representar a las ideas minoritarias, pero por el contrario, la responsabilidad política se diluye. La gente vota a una lista más o menos grande de individuos, de los que con suerte conocerá al primero de ellos, o como mucho a dos. Así, los parlamentarios no son identificados como representantes directos del elector, y su actuación no se censura ni aprueba. La gente vota más a las siglas de un partido que a una persona.

 

Parece un problema irreconciliable, si se defiende uno se obtienen unas virtudes, pero también unos defectos. Sin embargo, creo que es posible obtener las ventajas de unos y otros sin ninguno de los defectos, y es lo que voy a defender en este artículo.

 

Mi idea es introducir lo que yo llamo el voto ponderado. Esto consiste simplemente en eliminar el principio de “una persona un voto” en nuestros representantes. No me refiero a que los votos de los electores valgan distinto, sino a que los votos de los elegidos lo hagan. Esto se puede estructurar de varias maneras, y al final del artículo propondré varias alternativas sobre cómo hacerlo. Por ahora, explicaré la idea básica y luego me preguntaré sobre si es conveniente y está justificada.

 

Para ilustrar la idea pondré un ejemplo sencillo. En las elecciones al parlamento asturiano de 2011 se obtuvieron los siguientes resultados: PSOE 17 escaños, foro 12 escaños, PP 10 escaños, IU 5 escaños, UPyD 1 escaño. En total son 45 personas. La idea sería que en vez de 45 fueran 5, uno del PSOE que a la hora de votar tuviera 17 votos, uno de foro que a la hora de votar tuviera 12 votos, y así sucesivamente. En total habría 5 representantes (luego veremos que esto puede tener variantes).

 

¿Está justificado que los votos de un parlamentario valgan distinto que el de otro en el parlamento? Bueno, de facto yo creo que ya lo hacen, pero de manera implícita, puesto que para salir elegido, un elector debe obtener más o menos votos según el lugar en el que se presente. Un ejemplo paradigmático es como el PNV, con los mismos votos que UPyD y 3 veces menos votos que IU, obtuvo en 2008 3 veces más escaños que IU y 6 veces más escaños que UPyD. Entonces, ya tenemos parlamentarios de primera que obtienen su escaño con menos votos que otros. Por lo tanto, la igualdad de los parlamentarios ya está rota.

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que si repartimos los votos de nuestros representantes en función del número de votos que obtuvieran, habría una justificación democrática en esa diferencia de poder en el voto: si han sido votados por más gente es porque más gente les da su confianza, representan a una mayor porción de la soberanía nacional, luego han de tener mayor peso en las decisiones.

 

Este sistema también nos ahorraría muchos diputados, lo cual, en época de crisis, no estaría nada mal. En una circunscripción como Madrid, donde se eligen 35 diputados, en vez de 35 podrían quedar reducidos a 4, uno por cada partido que ha obtenido escaños, aunque el reparto de votos sea distinto. Así, el candidato del PP hubiera tenido 18 votos (números redondos), el de PSOE 9, el de UPyD 4 y el de IU 3. Ahorraríamos 31 sueldos al año. No solucionaría el déficit español, pero sí daría legitimidad y ejemplo, y desde luego optimizaría recursos.

 

Por otra parte, este sistema sobrerepresenta (al menos en voz, aunque no en voto) a las minorías. Esta es precisamente la virtud de la democracia como sistema político teórico: dar voz a las minorías. En efecto, muchas veces las minorías, al no tener poder para decidir, lo único que pueden hacer es usar la palabra para informar y denunciar su situación y convencer de sus ideas. De esa forma, esta idea sería acorde con una de las ideas básicas de la democracia, la protección de las minorías.

 

Otra gran virtud de este sistema es que no altera en absoluto el equilibrio de poder. Con este sistema, ni una sola votación hubiera cambiado su destino (salvo que las personas que decidieron votar A hubieran votado B motu proprio), porque cada partido habría seguido teniendo los mismos votos, el mismo poder. Cosa distinta es que los miembros del partido hubieran podido decidir votar distinto, porque con este sistema están más vigilados por su electorado.

 

Justificada ya la idea, pasamos a las posibles variantes para llevarla a la práctica. La primera es poner límite al número de votos que una persona puede acumular. En el mismo ejemplo de Asturias, se podría decir que como mucho una persona pueda tener 10 votos. Como el PSOE tiene 17, tendría 2 personas, una con 10 y otra con 7 (u otro reparto), lo mismo foro, (1 con 10 y otra con 2, u otro reparto), el PP tendría uno con 10 votos, e IU y UPyD uno cada uno. El resultado en personas sería 7, 2 del PSOE, 2 de Foro, 1 del PP, 1 de UPyD y 1 de IU. En votos no cambiaría nada.

 

Otra idea es que una misma persona pueda presentarse por varias circunscripciones. Para poner un ejemplo, es como si Rajoy no se presentara solo por La Coruña, sino también por Madrid. Así, el representante de varias provincias puede ser la misma persona. No me parece tan adecuado porque aleja a las personas de su representante, que ya no se debe a un electorado sino a varios. Por otro lado, según el límite de provincias por las que se pueda representar, puedes reducir el parlamento demasiado, y que los pocos parlamentarios no den abasto. Por ponerlo exageradamente, si pudiera presentarse la misma persona por todas las circunscripciones, al final habría una persona por cada partido (del PP solo estaría Rajoy, de IU Cayo Lara, del PSOE Rubalcaba, de UPyD Rosa Díez etc.) y no podría ir a todas las comisiones a la vez, estar en todos los debates, saber de todos los temas que se tratan etc. (si eres ingeniero no sabrás de sanidad y viceversa).

 

Otra propuesta, variante de la anterior, es que se presentara una sola persona por cada partido para todo el país, y luego esa persona nombrara un gabinete de cómo máximo X personas (de 1 a 10, por ejemplo, según el número de votos que haya obtenido) que le ayuden, como si de ministros se trataran, a asistir a las distintas comisiones, asesorarlo sobre temas que no entienda, representarlo cuando no pueda ir él personalmente etc. Serían como los ministros del gobierno, que son elegidos por el presidente, no por el parlamento. Así, se ahorraría también mucha gente respecto de la situación actual, a pesar de esos gabinetes. El problema es que las personas de esos gabinetes no serían elegidos democráticamente.

 

Probablemente, la mejor solución sería que se presentara la misma persona por todo el país, y la gente votara en cada circunscripción por esa persona. A la vez, en la lista se estableciera quiénes iban a formar parte de su gabinete según los votos que obtenga. Por ejemplo, Rajoy se presenta por el PP en todas las provincias. La gente vota a una papeleta que contiene únicamente su nombra bien grande (ahora solo tendrás el nombre de Rajoy si vives en la provincia por la que él se presenta). Debajo, en pequeñito, o por detrás, vendrá su posible gabinete, según los votos que pudiera obtener. Así, se podría decir algo así como que por cada 5 escaños que obtengas puedes nombrar a un miembro del gabinete, hasta el máximo de 10. UPyD se presenta, en su papeleta pone Rosa Díez, y debajo en pequeño su gabinete. Obtiene 13 escaños, 8 por Madrid y 5 dispersos. Rosa Díez tiene esos 13 votos, pero a la vez tendrá un gabinete de 2 personas que le asesorarán. Esas dos personas serían las dos primeras de la lista de su gabinete que iría en la papeleta. El PP se presenta y obtiene 130 escaños, pues Rajoy tendría 130 votos y podría tener a los 10 miembros en su gabinete.

 

El problema de este sistema es que obligas a la gente a saberse al menos 11 personas (el candidato y sus 10 asesores), mientras que en un sistema en que una persona diferente se presenta por cada circunscripción, tienes que conocer solamente a los candidatos. No obstante, esto es solo cierto en parte, porque esos asesores dependerían del candidato, y sería a él a quien se le exigiría responsabilidad. Por lo tanto, al ciudadano le bastaría con controlar al candidato.

 

Una última alternativa es que hubiera varios candidatos por provincia, como ahora, pero todos los de un mismo partido delegaran su voto en una persona de su partido. Así, todos los diputados del PP delegarían su voto en Rajoy. Él votaría por ellos. Es algo que de facto pasa, así que no sería un gran trauma. Si en un caso concreto un diputado del PP quisiera votar diferente al partido, podría manifestarlo y comparecer. Cobraría dietas de asistencia ese día, pero el resto del tiempo no tendría sueldo. Sería usar el sistema actual pero aceptando que de facto todos los del mismo partido votan igual, siguiendo las directrices dadas por la cúpula de este. Con este método nos ahorraríamos unos sueldos, y fomentaríamos el espíritu crítico de los diputados (que solo cobrarían si fueran contra su partido). Además, estaría bastante justificado: nosotros delegamos nuestro voto en unos representantes concretos porque tienen nuestra confianza, ¿por qué no fiarnos de en quiénes delegan ellos a su vez?

 

Hasta aquí las ideas, espero que este artículo os haya hecho reflexionar. Las ideas del final son meras sugerencias, la idea básica es romper el principio de una persona un voto en nuestros representantes, no en los representados, que quede eso claro, las ventajas son muchas, y no le veo muchos perjuicios. Es sin duda, una idea que hay que  considerar y discutir.

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23 noviembre 2011 3 23 /11 /noviembre /2011 21:58

Historias de los Grupos Parlamentarios

Recientemente he leído en la prensa que la Mesa del Congreso va a sopesar si concede un grupo parlamentario a los partidos UPyD y Amaiur. La situación es la siguiente: ser grupo parlamentario permite obtener más financiación, más tiempo de intervención y toda una serie de ventajas que ayudan al partido a cumplir sus objetivos. Para serlo hay que reunir una serie de requisitos, los cuales se encuentran en el artículo 23 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

 

Estos requisitos son diferentes según se presente el partido por todas las provincias de España o solo por algunas (nuestro sistema electoral es muy complejo, y ya he tratado este tema en Historias de la Ley Electoral, así que si queréis profundizar en esto me remito a ese artículo). Si te presentas por todas necesitas obtener el 5% de los votos de toda la población y 5 diputados al menos, o bien conseguir 15 diputados sin importar el porcentaje de votos que obtengas. Si te presentas solo por algunas, necesitas obtener el 15% de los votos de todas las provincias en las que te presentes y al menos 5 diputados, o bien 15 diputados sin importar el porcentaje de votos de las provincias en las que te presentas.

 

Pues bien, UPyD se presentó por toda la nación, obtuvo 5 diputados y el 4,69% de los votos. Amaiur se presentó solo por las tres provincias vascas y Navarra. Obtuvo 7 diputados, pero en Navarra solo obtuvo el 14,89% de los votos, no llegando al 15%. No obstante, diversas voces, tanto dentro como fuera de ambos partidos, han pedido que se “interprete” el reglamento flexiblemente y se les permita tener grupo parlamentario, porque hay partidos que han obtenido menos votos que ellos y menos o los mismos diputados y sin embargo tendrán grupo. Este es el caso del PNV, cuatro veces menos votos que UPyD y 5 diputados (los mismos que él). No obstante, como solo se presentó a las tres provincias vascas y en ellas obtuvo más del 15% de los votos podrá tener grupo. Esto resulta más chocante si se compara con AMAIUR, la cual obtuvo más votos que el PNV en las 3 provincias vascas y un diputado más por ellas, pero como optó por presentarse también en Navarra y allí falló, no cumple en puridad el requisito.

 

El órgano encargado de interpretar el Reglamento del Congreso es su Mesa (con mayúscula). Ahora bien, debemos tener en cuenta varias consideraciones: la primera es que lo que está claro no necesita ser interpretado, o como dicen los juristas de manera rimbombante in claris non fit interpretatio (en la claridad no cabe hacer interpretación). En este caso la norma es bastante clara y dice lo que he explicado previamente, y aquí la reproduzco para que no quepa duda:

 

“Los Diputados, en número no inferior a quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aún sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el 15%, de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5% de los emitidos en el conjunto de la Nación.”

 

Expuesto esto, ¿Qué cabe interpretar? Que UPyD y Amaiur no cumplen las condiciones es evidente. 

 

 

La segunda es que el Reglamento del Congreso tiene rango de ley por orden constitucional, es una ley aprobada por Las Cortes como otra cualquiera, y que por lo tanto, modificar su sentido argumentando que se está “interpretando” cuando no hay nada que interpretar y claramente se está alterando su significado es un atentado contra los fundamentos más básicos de una democracia: la seguridad jurídica, la voluntad popular y el principio de legalidad.

 

La ley es la voluntad emanada del pueblo y ha de cumplirse, la Mesa no está por encima de la misma para saltársela cuando estime oportuno y conveniente. Para muestra sirva un simil: Esto es como si al juez no le gusta la norma que le obliga a dar audiencia a todas las partes en el juicio y decide saltársela interpretando que son solo las partes “relevantes” (e interpretando a su gusto lo que es relevante, por supuesto). Por otra parte, saltarse la ley en este caso y concederle el grupo a ambas o a una de estas formaciones sería otorgar un privilegio, y ante la ley todos somos iguales, eso nos diferencia del antiguo régimen.

 

Por cierto, este sistema de saltarse la ley porque uno quiere y lo estima oportuno y conveniente, recuerda mucho a la manera que se tenía antes de “legislar” si es que a eso se le podía llamar legislación: el rey otorga graciosamente (porque quiere) a otro una concesión, sin estar obligado a ello, de manera totalmente arbitraria y pudiendo revocarla en cualquier momento porque no hay una norma que le obligue a mantenerlo. ¿No es este precisamente el caso? ¿Qué pasará la próxima vez que suceda una situación similar? ¿Tendrá a bien su graciosa majestad la Mesa concederla? ¿Retirará su excelencia el privilegio cuando lo estime, o cuando le dejen de ser gratos o se opongan a sus intereses estos dos partidos? ¿Se la concederá en su infinita sabiduría a uno y no a otro? No se sostiene por ningún lado.

 

Sin embargo, esto se ha hecho ya en otras legislaturas y se hace; si la Mesa decide conceder el privilegio no será ni la primera vez ni la última que lo hace. Con esto no quiero decir que no me parezca justo que un partido como UPyD que es la cuarta fuerza política por votos y a quien ya perjudica bastante el sistema electoral no deba tener derecho a grupo parlamentario. Esto es así especialmente cuando se ve que partidos con muchos menos votos (e incluso con cuatro veces menos votos y los mismos cinco diputados) obtienen grupo y ellos no. Es más, no creo que haya que culpar a sus representantes por pedir grupo a la soberana Mesa cuales súbditos postrados ante el rey sabiendo que no tienen derecho a lo que piden. Es más, tampoco se les ha de culpar por pedirlo aunque saben que va contra la ley, porque ellos son al fin y al cabo las víctimas del sistema electoral y de este sistema injusto de otorgamiento de grupo. Aun así, opino que la solución no está en pedir la concesión de un privilegio a su alteza real.

 

El camino para acabar con esta injusticia es cambiar el Reglamento del Congreso, mediante el procedimiento legislativo al efecto, por Las Cortes. Solo así respetaremos la poca dignidad que le queda a nuestro sistema y respetaremos la separación de poderes y a la voluntad del pueblo emanada en la ley. Es más, solo cambiando la ley y diseñando un sistema justo y equitativo evitaremos que la Mesa pueda seguir discriminando según su buen saber y entender, concediendo o denegando.

 

Por cierto, si se le pregunta, un servidor responderá que Amaiur no debería tener grupo propio, y si se le apura, tampoco PNV (que reúne las condiciones legales). Digo esto porque el porcentaje de votos que ambas obtienen es pequeñísimo, el 1% nacional, pero como el sistema electoral les favorece enormemente están representados. No obstante, no creo que sean suficientemente representativos del sentimiento nacional como para tener este privilegio. No obstante, aquí estoy dando mi opinión personal de lo que la ley debería decir (de lege ferenda dicen los pedantes juristas), no lo que la ley dice (de lege data).

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26 septiembre 2011 1 26 /09 /septiembre /2011 21:57

Sin duda, la reforma de la ley electoral es uno de los temas más candentes en la actualidad de nuestro país. Parece que es vox populi la necesidad de reformar un sistema que ya fijó Suárez en el 77, antes incluso que nuestra Constitución, y que no se ha adaptado a los cambios sociológicos y demográficos habidos desde entonces. Vamos a analizar este problema partiendo primero de los hechos. 

 

¿Cuál es nuestro sistema electoral? (me referiré siempre al Congreso, ¿del Senado para qué hablar dada su utilidad?) Nuestro país está dividido en provincias, y en cada provincia se elige a un número de diputados. Esto significa que un ciudadano de Soria elegirá solamente a los representantes por Soria, y uno de Asturias a los de Asturias. Esta es a mi modo de ver la primera incoherencia, pues estamos eligiendo a personas que se presentan en representación de provincias para un parlamento que representa la soberanía popular, la cual no está dividida por provincias, sino que es una, y lo que quiere un Leonés no es distinto de lo que quiere un Palenciano en el 99% de los casos.

 

Dentro de cada Provincia se eligen como mínimo 2 diputados (Ceuta y Melilla eligen a uno cada uno). Luego se dan diputados adicionales en función de la población. Para repartir los escaños de cada provincia se utiliza la ley D'Hondt, no se reparten proporcionalmente. La ley D'Hondt es un sistema pensado para favorecer a la lista más votada. Voy a deshacer aquí un mito que corre por la opinión pública: No es la ley D´Hondt la que hace nuestro sistema injusto en sí; no es la que beneficia a los nacionalistas en sí. Luego hablaré más sobre este punto pero para entendernos: Con esta ley lo que se pretende es que haya mayorías cualificadas y evitar parlamentos a la italiana (70 gobiernos en 50 años, porque allí los escaños se reparten proporcionalmente y nunca hay mayorías suficientemente sólidas, los partidos recurren a alianzas contranatura entre ellos, y es por eso que sus candidaturas acaban en escándalos y elecciones anticipadas).

 

Recapitulando, la Ley D'Hondt no es una perversión excesiva del sistema, y si no existiera debería haber otra similar que nos cuidara de semejante desgobierno. Lo que de verdad pervierte nuestro sistema es el hecho de que elijamos por provincias. Dejad que lo ilustre con ejemplos: Tenemos 50 provincias, de las cuáles la mayoría ni siquiera llegan al medio millón de habitantes. Como solo elegimos 350 diputados, y el mínimo son 2 diputados por provincia, si haces cuentas, te sale que en la mayoría de las provincias se eligen 5 o menos diputados. En Asturias, que es la que más cerca tengo, con más de un millón de habitantes, elegimos 8, y es la décimotercera más poblada.  ¿En qué se traduce esto? Pues en que en la mayoría de circunscripciones, por no decir en todas menos en las más grandes (Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga y Sevilla) hace falta del orden del 15%-20% de los votos para obtener un escaño. Si no lo consigues, tu voto no valió nada. Hay que tener en cuenta que la Ley D´Hondt, que se aplica en el reparto dentro de cada provincia, favorece a las listas más votadas de cada provincia y perjudica sobremanera a las minorías (la segunda fuerza se queda más o menos en tablas). Eso hace que aunque proporcionalmente en Asturias bastaría con un 12-14% de los votos, en la práctica es más.

 

Si esta es la situación en Asturias pensad en Segovia, donde eligen 3 (ahí hace falta un 33% grosso modo) o incluso hay algunas donde el resultado electoral se puede predecir de antemano (aquellas en las que se reparten 2, 4 o 6 escaños, porque van a quedar PP PSOE en igualdad, 1 y 1, 2 y 2 o 3 y 3. Esto se debe a que habiendo tan pocos ha repartir, y a pesar de que la Ley D'Hondt favorezca al más votado,  es casi imposible lograr una ventaja que permita sacar un 2 a 0, un 3 a 1 o un 4 a 2 (esta última ya es algo probable, de hecho la victoria de Cospedal en Castilla la Mancha se debió a algo similar, pero esa es otra historia... y estas cosas suceden muy de cuando en cuando y obedeciendo a circunstancias muy concretas y excepcionales que rara vez se repiten). Incluso en aquellas donde se reparten 8 como Asturias, los resultados históricos demuestran que la tendencia es al empate 4 a 4, rara vez se logra un 5 a 3, y más raro aun es que se logre un 4-3-1 de un tercer partido (aunque ha pasado).

 

Pues bien, tenemos ya la primera gran disfunción del sistema, a saber: Que un gran número de provincias solo admiten que PP y PSOE obtengan representación, y en muchas de ellas se está abocado al empate casi por sistema. Esto en la práctica se traduce en que los representantes de la mitad de los españoles están predestinados a ser de los grandes partidos, sin importar lo que voten. Esto va en detrimento del debate parlamentario y del interés de la gente por la política, desde luego. Voy ahora a resolver esa duda que por tu cabeza se plantea hasta ahora: seguramente estés pensando: Bien, tal y como me dibuja el Oso Yogi el panorama, lo lógico es que fuéramos un sistema casi bipartidista, ¿Por qué tienen tanta fuerza los Nacionalismos?

 

Pues muy simple amigo, ¡Se han adaptado al sistema! O mejor aún... son la consecuencia lógica de él... pensémoslo, con este sistema de circunscripciones tan pequeñas, es imposible que un partido nacional crezca, o muy difícil (mirad a Rosa Díez o a Cayo Lara, que por cierto, son ambos los abanderados de la reforma hoy en día), y entonces alguien piensa: ¡Hagámonos nacionalistas! !Efectivamente, concretemos nuestro voto en un lugar, en una provincia, así nos llevamos todos los escaños de esa provincia al ser los más votados en ella y zaca, aunque tengamos cuatro votos a nivel nacional tenemos 5 diputados¡ Un ejemplo práctico: En Bilbao se reparten del orden de 8 diputados, en Gipuzcua del orden de 5 y en Alava 4. Soy el PNV, consigo ser la fuerza más votada de Bilbao y obtengo digamos 4 diputados (3 para el PSOE, 1 para el PP), la segunda de Gipuzcua (2 para mí, 2 para el PSOE, 1 para el PP) y en Alava araño un escaño, total: 7 diputados. Votos totales: 100.000. Proporcionalmente no les corresponderían más de 2.

 

Ahora al revés, soy Rosa Díez, consigo el 3% de los votos de cada provincia (por cierto, se me olvidaba, si no llegas al 3% de los votos de una provincia, no entras en el reparto, es una medida de cierre para evitar que entren partidos pequeños, su repercusión es escasa porque en la práctica en la mayoría de provincias necesitas más que un 3% para obtener diputados, de hecho solo es un límite como tal en Madrid y Barcelona). Ese 3% de los votos supondrían en total de votos 1.000.000 grosso modo. Se traducirían en 1-2 escaños, uno por Madrid y otro por Barcelona (suponiendo que en todos obtiene el 3% exacto). Proporcionalmente les deberían de corresponder 10-15.

 

Resumiento todo lo dicho, el elemento distorsionador de nuestro sistema son las circunscripciones provinciales. Estas favorecen cuando no el bipartidismo, el voto concentrado en una región. Esto maximiza el éxito de los nacionalistas. Ahora toca reflexionar: ¿Es justo este sistema? Yo digo que no, porque hace que el voto valga diferente según el territorio en el que se vote.

 

En contra de la reforma del sistema he oído dos argumentos básicamente, que pueden ir de la mano: el primero es que todo sistema tiene quien sale ganando (en nuestro caso grandes partidos y nacionalistas) y quien sale perdiendo (resto de partidos nacionales); el segundo, que necesitamos un sistema que favorezca la gobernabilidad y este ha demostrado que lo hace.

 

Respecto de la primera afirmación, debo decir que es cierta, pero que no justifica ni que haya tan grandes diferencias (últimas elecciones: IU con casi un millón de votos 2 escaños, PNV con menos de 200.000 7) ni que nos quedemos así. Yo digo más bien lo siguiente: Dado que alguien tiene que salir perdiendo, y puesto que estamos hablando de una cámara que representa la soberanía popular, que salgan perdiendo los que menos la representen, para distorsionar menos esa soberanía. A continuación me hago esta pregunta: ¿Qué es más representativo del sentir general de una población: 1.000.000 de votos en una provincia o 1.000.000 repartidos por todo el territorio? ¿Qué tiene más posibilidades de obedecer a un interés general y no a intereses partidistas, particulares etc.? y ya contestando a la vez al segundo argumento...¿Qué interesa más para la gobernabilidad de la nación? ¿Decenas de pequeños partidos que miran solamente por los intereses de ciertas regiones o partidos nacionales que miren por los del conjunto? ¿Cual de los dos grupos permitirá una mejor gobernabilidad a largo plazo? Para mí la respuesta es clara. Por cierto, un último inciso, si lo que se quiere es una representación territorial (a la que yo no veo mucho sentido, aunque esa sea otra historia...) para eso está el Senado, en el Congreso se representa a toda la nación, no a los territorios sino a la gente, y a toda la gente por igual, sin discriminar.

 

Para concluir, mi propuesta de futuro: Creo que lo mejor sería una única circunscripción electoral donde todos los votos valieran lo mismo. Eliminaría la barrera electoral del 3%, o la dejaría en el 1% (para evitar una excesiva atomización con pequeños partidos sin coartar demasiado las posibilidades de entrada de minorías, pero este es un tema que me gustaría estudiar antes de pronunciarme) y seguiría aplicando la ley D`Hondt u otra alternativa para asegurar la gobernabilidad del sistema junto a una distribución equitativa del parlamento. No me gusta el sistema de reparto estrictamente proporcional al estilo italiano, en teoría parece el más justo, pero los resultados prácticos asustan, debo rendirme a la evidencia. Como esto es muy utópico, servidor se adhiere a la propuesta de cierto partido, la cual leí ya hace unos años, en la que la mitad de los diputados se eligirian grosso modo por este sistema y la otra mitad igual que ahora, solo que en vez de por provincias por Comunidades Autónomas. Eso evitaría que las diputaciones fueran tan pequeñas que en la práctica solo se escogieran cuatro o menos escaños por circunscripción. El problema es que en las Comunidades uniprovinciales pequeñas en población (Asturias, Cantabria, Navarra y especialmente La Rioja) seguiríamos igual que hasta ahora. Quizá aumentando el número de diputados de 350 a 400 o a más para que se pudieran elegir en mayor número se ahorraría. Si me preguntáis de dónde sacamos dinero para este aumento de gasto yo digo lo siguiente: Eliminemos el Senado y cada tres senadores que quitemos agregamos un diputado. Salen más de 50 nuevos congresistas y ahorraríamos dinero... sin embargo el Senado será otra historia...

 

!Ah¡ solamente una cosa más: es posible una reforma de la ley electoral sin cambiar la Constitución, pero sería una reforma muy light y que solo mejoraría ligeramente el sistema. Serían cosas como reducir de 2 a 1 el mínimo de escaños por provincia, cambiar la ley D´Hondt por la de restos o subir de 350 a 400 el número de diputados. La posibilidad está ahí, pero yo creo que mejor lanzarse a por todas y cambiarla de una vez para siempre en vez de poner parches y que en unos años resurja este debate.

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22 septiembre 2011 4 22 /09 /septiembre /2011 21:42

La Reforma de la Constitución

 

Hoy voy a hablar de un tema que ha pasado de largo sin excesiva repercusión mediática y que sin embargo, en mi opinión, debería haber ocupado un lugar de primer orden en la sociedad. Me refiero a la reciente reforma constitucional aprobada por el PSOE y El PP. Para los que no estén informados, se trata de modificar el artículo 130 de nuestra carta magna para imponer que el Estado no pueda incurrir en déficit, salvo uno simbólico. Esta ley tiene ciertas excepciones, como casos de crisis, catástrofes naturales etc. No voy a entrar a juzgar el fondo de la reforma, si este es bueno o malo, sino su forma, cómo se ha aprobado. No obstante, debo decir que personalmente no me parece mal, salvo por algunos matices, lo que se pretende con esta reforma, pero esa será otra historia...

 

Vamos a tratar la forma, con la que no estoy de acuerdo. Supongo que ya sabrás que esta reforma se ha hecho sin referendum, es decir, sin consultar al pueblo, solo con votación parlamentaria. En esta, votaron a favor PP y PSOE, el resto de partidos optaron bien por ausentarse de la votación en señal de protesta, o bien por votar en contra o abstenerse. Para los que se lo pregunten, esta fórmula es legal: La constitución prevé que ciertas partes se puedan reformar sin referendum, y ya se hizo una vez antes (añadimos dos palabras a un artículo). Eso está pensado para cambios sin importancia, que puedan ir rápidamente, en los que haya consenso etc. Por lo tanto sí es legal. Ahora bien, Para los que se pregunten ¿Es legítimo? Yo digo que no, no lo es en mi opinión.

 

Opino que no es legítima su manera de actuar porque lo han hecho a espaldas de la soberanía popular. No acepto el argumento de que como lo han votado el 85% de mis representantes (PSOE+PP) entonces están representando el amplio consenso del pueblo. Este argumento puede valer en el plano teórico, en el de la teoría de la democracia, pero no en el práctico, en el del día a día, lo que realmente pasa. En efecto, en la teoría democrática se dice que los parlamentarios son elegidos por el pueblo y le representan, de tal manera que al hablar, hablan en su representación, y al votar lo mismo. Los representantes son representantes de todo el pueblo. ¿Es eso verdad? En la práctica no, ¿o acaso los diputados nacionalistas defienden los intereses del pueblo? No, lo harán como mucho de una parte del pueblo, el que consideran suyo, no representan a todos aunque en teoría sí lo hagan. Más aun, cuando tu eliges a un representante (en realidad no eliges a un representante, sino a un partido... pero esa será otra historia) lo haces basándote en unas expectativas, en unas promesas (idílicamente en un programa electoral, pero seamos realistas, nadie lo lee, y si lo leyeran verían que casi todos son igual de abstractos y vacíos, al menos los de los partidos tradicionales, yo he probado). Por eso lo eliges y esperas que las cumpla. ¿Alguien recuerda que prometieran reformar La Constitución para incluir límite de déficit? Pues no, no lo hicieron, de hecho solo Zapatero prometió que reformaría la Constitución, pero para permitir a las mujeres reinar en igualdad con el varón (No lo hizo por complicaciones que quizá explique otro día).

 

Un defensor de la reforma me puede decir que está bien, que no nos prometieron que la reformarían, pero que cuando nosotros votamos también esperamos que nuestros "representantes" sepan actuar ante imprevistos, y tomar decisiones. Estoy de acuerdo, y podríamos aceptar esos imprevistos, y ante ellos hay que actuar con cosas que no prometiste previamente porque no podías preverlo. Sin embargo, esas rectificaciones deben estar dentro de el "marco general" de sus promesas, del escenario que nos dibuja, opino yo. Por ejemplo, si un candidato dice que va a crear 1.000.000 de empleos, entiendo que luego creee 800.000 porque también prometió por ejemplo aumentar el salario mínimo y resulta que como la población aumentó demasiado, el coste de aumentarlo fue mayor del esperado y no pudo destinar tanto a empleo. Eso lo entiendo, es una rectificación, pero dentro del mismo escenario, y para cumplir otra promesa. En resumen, su mandato debe ser más o menos según nos anunció en sus promesas.

 

Sin embargo, en las últimas elecciones lo que se vendía al ciudadano era una época de expansión, ambos candidatos principales prometieron creación de empleo, crecimiento, mejora de la calidad de vida... no previeron la crisis. Entonces, nosotros les votamos porque nos creímos ese escenario que dibujaban. Es posible que hubiera desviaciones respecto de lo previsto, pero les permitimos representarnos porque esperábamos unos 4 años similares a los que nos dibujaban ellos, con las lógicas desviaciones que la prudencia exige considerar.

 

Entonces, erraron absolutamente en sus previsiones y por tanto en sus promesas, su gobierno y su oposición son totalmente opuestas a lo que prometieron. ¿Están legitimados entonces, siquiera un poco, para cambiar la Constitución sin haberlo prometido? Eso no entra dentro de las actuaciones ante imprevistos que una persona normal, cuando vota un determinado programa, acepta, porque tal y como le dibujaron el escenario para conseguir su voto, eso era totalmente impensable. Si querían cambiar la Constitución deberían haber dimitido y convocado elecciones para pedirnos nuestra opinión o al menos haber permitido el referendum. De otra manera están faltos de legitimación para ello.

 

Cambiando de argumento, también he oído otro muy bizarro, por el que, como nosotros votamos en su día la Constitución y la aceptamos, aceptamos todas sus normas, y por tanto aceptamos que este artículo se pudiera reformar de esta manera, por lo que es totalmente legítimo reformarlo así. Este argumento, de nuevo, encaja muy bien en la teoría de la Democracia, el pueblo soberano lo ha aceptado, y de él emana el poder por lo que es válido.

 

Bien, este argumento me parece muy pobre en la práctica, por dos razones: La primera es que por la misma regla de tres, si hubieramos votado un régimen nacional-socialista hubiera estado bien porque el pueblo lo votó. Dicho de otra manera, este argumento reduce la ley a una mera norma y la despoja de cualquier consideración moral sobre su validez. Por otra parte, es totalmente irreal que el pueblo soberano apruebe la norma por entero, aunque sea necesario ese "Axioma" para justificar la democracia.

 

Lo que pasa en realidad es bien distinto. Pensemos en el típico ciudadano de a pie que representa al 99,5% de la población adulta en el año del referendum para aceptar nuestra actual carta magna. A él le dicen: Aquí está la Constitución, ¿La aceptas? bien, el no se va a leer probablemente ni toda la Constitución, y aunque lo haga, no pensará en todas las posibles combinaciones, en todo lo que pueda pasar, ni se le pasará por la cabeza que se pueda usar la reforma de la Constitución para meter una norma sin consultarle... no, probablemente ni la lea.

 

Cuando una persona normal va a votar, lo que vota es un concepto abstracto: En el fondo, para él la pregunta en el referendum no es si aceptas o no esta norma para que te rija, en su cabeza está más bien esta pregunta: ¿Prefieres el sistema dictatorial o uno en el que puedas elegir a tus representantes y participar en las decisiones importantes, en donde el pueblo tenga el poder? Nada más. Las decenas de reglas que hay en la Constitución se le escapan, solo son desarrollos de esa idea inicial que es la que vota. Entonces el pueblo no votó que se pudiera cambiar un artículo importante sin su consentimiento, el pueblo cuando votó, votó poder elegir a sus representantes y participar en las decisiones importantes como esta, y al no hacerlo, se está defraudando a la soberanía popular que aceptó la Constitución.

 

Cuando el pueblo vota ser consultado, no lo hace necesariamente en referendum, hubiera valido que se hubiera planteado en la campaña electoral para darle a elegir, pero desde luego no vale una reforma en verano, cuando nadie se entera, tramitada rápidamente, en un mes, sin diálogo etc. Eso es engañar. Por cierto, este "sin diálogo" me lleva al último argumento contra la reforma, que es más pragmático: En el 78, la Constitución se logró con el apoyo de la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias, fue un ejercicio de consenso cuyo mayor logro fue incorporar a los nacionalistas moderados. Sin embargo, esta reforma se ha hecho sin contar con nadie más que con los dos partidos mayoritarios y excluyendo del bloque constitucional a todas las fuerzas minoritarias, incluidas las nacionalistas: No tienen ni idea de lo peligroso que puede ser eso, pues si explotan políticamente esa expulsión podrían empezar a reivindicar su salida del país con más fuerza dado que ya no pueden participar en la conformación de las normas básicas de convivencia. Espero que al final la sangre no llegue al río, pero dada la influencia de los nacionalistas en la política de este país, si quieren tensar la cuerda, nos podemos temer lo peor.

 

 

 

 

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Published by osoyogi - en Política
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